sábado, 31 de octubre de 2009

Leyes para regiones, imposiciones para ciudadanos.




Las Cortes de Aragón van a abordar la Ley de las lenguas propias de Aragón. La propuesta legislativa del Partido Socialista se aprobará con enmiendas de CHA e IU lo que supone el apoyo de todos estos partidos a una política identitaria basada en una falacia. La normalización lingüística de Aragón reconocerá los derechos civiles y democráticos de las minorías con lenguas propias. Ante el desconocimiento e indiferencia de la sociedad aragonesa, entrará en vigor una ley que quebrará la cohesión social y económica de Aragón y consolidará un nacionalismo radical aliado con el resto de nacionalismos que no aceptan a España como una comunidad nacional.


El Dictamen de la Comisión de estudio de política lingüística en Aragón se aprobó en las Cortes el 6-11-1997. Comparecieron representantes de entidades sociales catalanistas, expertos en aragonés y catalán, dos eurodiputados -vasco y catalana- y políticos de comunidades autónomas con leyes de normalización lingüística. Su contribución en la redacción del Dictamen une el modelo de cooficialidad propugnado por los participantes con el derecho de las minorías lingüísticas defendido por organismos internacionales, obviando que los sujetos de derecho son las personas y no los territorios.

La proposición socialista en Aragón surge en una coyuntura de hegemonía de partidos nacionalistas. Los pactos entre nacionalistas y socialistas en Cataluña, Baleares y Galicia expulsaron al castellano de la vida institucional y pública de esas comunidades y los castellanohablantes son marginados por hablar la lengua oficial del Estado y no la propia del territorio autónomo.

Las leyes de normalización lingüística promulgadas por la derecha nacionalista en Cataluña (CiU) y País Vasco (PNV), y por el PP en Navarra, Galicia, Valencia y Baleares con mayorías parlamentarias absolutas son constitucionales porque J. Mª Aznar, en contra de la opinión de muchos juristas, presionó al Defensor del Pueblo para no presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Política Lingüística de la Generalitat. Los derechos fundamentales de los españoles garantizados por la Constitución no lo están en las normativas autonómicas.

La Constitución proclama la existencia del castellano y de otras lenguas españolas, patrimonio cultural que se debe preservar. Durante la Transición los nacionalistas se acogieron al derecho de uso de sus lenguas maternas para implantar el bilingüismo en la educación y administración. En Cataluña pronto afloró la intención del nacionalismo de imponer el monolingüismo catalán excluyendo al español (lengua materna del 70% de la población). El subterfugio utilizado para legitimar la exclusiva inmersión en catalán, fue sustituir el término lengua materna por lengua propia, del territorio, histórica, de uso predominante o señal de identidad del país. El castellano es la lengua oficial del Estado y por tanto foránea del territorio sobre el que se legisla, negando así el derecho de la mayoría a estudiar y vivir en su lengua materna.

Como el resto de leyes de cooficialidad de lenguas vernáculas, la proposición de ley del Partido Socialista aragonés, alineada con los planteamientos de Omnium Cultural, niega al español su condición de lengua materna.

Los aragoneses deben saber que bajo la protección y fomento las lenguas de Aragón utilizadas habitual o esporádicamente por unas cuarenta mil personas, se pretende que la cooficialidad del catalán en la Franja facilite su futura incorporación a los Países Catalanes, y la del aragonés propicie, con el progresivo arrinconamiento del español, un proyecto nacionalista identitario en Aragón.

Las consecuencias sociales serán enormes. La ley considera al español una lengua impropia de Aragón por lo que los derechos de la mayoría de castellanoparlantes se restringirán con, p. ej., trabas lingüísticas para el acceso al empleo público. En lo económico se propicia la fragmentación laboral y del mercado interior, y que enormes partidas económicas se destinen a aplicar la ley y a subvencionar a personas y entidades públicas y privadas que hallarán en la cooficialidad un maná inagotable.

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